MMM: la agridulce espera del que protesta y no desespera

Una vez más, Gesell tendrá su propia versión de la Global Marijuan March, una iniciativa pacífica que suma cada vez más adeptos en nuestra ciudad y en las otras 300 que se realizan simultáneamente; el punto de encuentro es la Plaza Primera Junta.

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Algo huele mal, y no es precisamente el olor que combaten los prejuicios y leyes fuera de época. Lo saben muchos. Por eso, casa Marcha Mundial por la Marihuana amplía sus alcances y sus convocatorias. El año pasado, tan solo en Buenos Aires marcharon cien mil personas desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación para reclamar lo mismo que cada primer fin de semana mayo desde 2006: la modificación de la Ley 23.737, que a casi 25 años de su sanción solo demostró ser útil para llenar estadística inútil.

“Mulas” transportando paquetes en el interior de su cuerpo (no de su ropa; de su cuerpo), un perejil que pasa fumando al lado de un policía de civil o algún cultivador deschavado por un vecino constituyen las especies favoritas que la política antidrogas exhibe en las pizarras de cada comisaría junto a otros especimenes del delito marginal, casi rufián y decadente; el mismo que alimenta las cifras que las autoridades nos refriegan en la cara para darle volumen estadístico a su (in)eficacia. Y cada tanto, por supuesto, aparece un camión con toneladas de cocaína interceptado en un control fronterizo o se desmonta una voluptuosa cocina de paco en alguna villa de fácil acceso para los móviles periodísticos que deben tomar registro de “la lucha contra el narcotráfico”. Aunque, finalmente, solo el 7 por ciento de todas las causas abiertas por la Ley de Estupefacientes termina con condenas por tráfico de drogas.

Este año, como en los anteriores, Villa Gesell también tendrá su marcha. El punto de encuentro es la Plaza Primera Junta, donde se concentrarán desde este sábado las 12 para empezar a movilizarse por el centro de la ciudad a partir de las 15. La convocatoria parte de la Agrupación de Cannabicultores de Gesell, que se presenta en sociedad como una organización fundada en 2012 y “compuesta por personas mayores de edad y unidas por el compromiso de concienciar y educar sobre la Cannabis Sativa, según indican sus organizadores, quienes a su vez desean que “el evento se desarrolle en tranquilidad, con respeto y educación, que sea una fiesta que pueda celebrar toda la comunidad, para que cada uno pueda manifestarse como lo sienta necesario”.

Inscribiéndose dentro de la Global Marijuana March (que se realiza en casi 300 ciudades de todo el planeta), esta movilización geselina será apenas una de las 20 que se realizarán simultáneamente en todo el país

En un escenario mundial dispuesto a tomar caminos inéditos en la materia (el ejemplo de Uruguay, por caso), Argentina parece mancada a mitad del río. Tras el histórico fallo Arriola de la Corte Suprema, casi todos los sectores políticos (incluidos los de más representación social y política) parecían haber coincidido hace dos años en la necesidad de actualizar la Ley 23.737, focalizando la criminalidad en el narcotráfico y ofreciendo más libertades individuales respecto al consumo. Incluso se llegó a organizar un plenario en la Cámara de Diputados entre la comisión de Legislación Penal y la de Prevención de Adicciones para tratar ocho anteproyectos de ley presentados por distintos Diputados. El Senador Aníbal Fernández también había redactado su propuesta y Rafael Bielsa, por entonces titular del Sedronar, se pronunciaba públicamente en favor del impulso despenalizador, dos iniciativas inconcebibles sin la anuencia de la Casa Rosada.

Sin embargo, promediando aquel año, el debate perdió voltaje y se quedó a media luz. Los diputados de las bancadas mayoritarias explicaron que preferían esperar un mayor consenso social de propuestas que ellos mismos parecían ya no consentir con el vigor de antes. ¿Estará permitida la cultivación hogareña o será el Estado quien provea? ¿El consumo será restringido al fuero íntimo o habrá también espacios públicos habilitados? ¿La cantidad aprobada para el uso personal estará definida en la ley escrita o quedará bajo el criterio individual de los guardianes del orden? ¿Obligará la ley a estudios serios que definan científicamente los riesgos y daños ocasionados por el uso y abuso? La voluntad puede ser popular, pero la decisión debe ser política y en cualquier caso supone un costo que por lo visto nadie estuvo dispuesto a pagar.

El régimen prohibicionista, lo sabemos, no solo fue ineficaz en su lucha contra el consumo y el comercio de drogas, sino que además le ofreció facultades de intromisión y abuso a quienes deberían funcionar como garantes de la lucha contra el tráfico, un dato alarmante que va más allá de la discusión por poder tener una plantita en el balcón de casa. Toda ley se convierte en letra muerta cuando los sistemas de control son en verdad aliados corrompibles de los intereses que debieran combatir, poniendo al servicio de estos las facilidades para montar un negocio espeluznante. No es un problema de consorcio, una disputa de medianeras o una denuncia por ruidos molestos, y es una pena que así no lo vean los guardianes del orden moral que se ofenden porque el vecino de abajo echa humo por el ventiluz. Se definen intereses de una profundidad tan escabrosa que solo los entienden quienes juegan dados en el infierno.

En estas movilizaciones, las consignas son siempre las mismas: el fin de la persecución a cultivadores y a consumidores de cannabis, la autorización de su uso terapéutico, la atención pública y gratuita a personas con problemas de salud generados por el abuso de drogas en general y la liberación de todos los presos por consumo personal. El reclamo suma año a año cada vez más adeptos. Mientras tanto, la espera se vuelve larga y amarga.